La Ley de Ciberresiliencia europea se aprobó hace un año y fija un plazo de adaptación de tres años. En diciembre de 2027 será plenamente aplicable, por lo que las pymes y autónomos disponen de solo dos años para revisar y reforzar sus sistemas de ciberseguridad, especialmente si comercializan productos o servicios con componentes digitales.

¿Qué es la Ley de Ciberresiliencia?

La Ley de Ciberresiliencia (CRA) es una normativa europea que busca reforzar la seguridad digital de todos los productos con software o conexión a Internet. Afecta tanto a fabricantes como a distribuidores, importadores y usuarios empresariales.

Su objetivo es garantizar que cualquier dispositivo conectado —desde un ordenador o un router hasta una aplicación de gestión— cumpla unos mínimos de seguridad y pueda mantenerse protegido durante toda su vida útil.

¿A quién afecta esta normativa?

Aunque la norma está pensada para grandes fabricantes tecnológicos, las pymes deberán adaptarse si:

  • Desarrollan o venden productos con componentes digitales.

  • Ofrecen servicios online con tratamiento de datos personales o empresariales.

  • Utilizan software de terceros que debe acreditar medidas de ciberseguridad.

Esto incluye a empresas de sectores muy diversos: desde asesorías o comercios electrónicos hasta talleres o servicios profesionales que usen plataformas digitales en su operativa.

Plazos de adaptación y sanciones

La CRA entró en vigor el 10 de diciembre de 2024 y será obligatoria a partir del 11 de diciembre de 2027.

Durante este periodo, las pymes deberán revisar sus sistemas informáticos, proveedores tecnológicos y protocolos internos para garantizar la protección frente a vulnerabilidades y ciberataques.

El incumplimiento podrá conllevar multas de hasta 15 millones de euros o el 2,5 % de la facturación anual, según la gravedad de la infracción.

Cómo prepararse desde ahora

Es recomendable que las empresas empiecen cuanto antes con un diagnóstico de ciberseguridad y una revisión de sus contratos con proveedores tecnológicos.
Además, será clave:

  • Documentar los procedimientos de actualización de software.

  • Garantizar la trazabilidad de los incidentes.

  • Implementar políticas de protección de datos y formación del personal.

Una planificación temprana reducirá costes y riesgos cuando la normativa entre en vigor.

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