Obligación legal de las empresas según la Ley 2/2023
Desde el 1 de diciembre de 2023, todas las empresas con más de 50 empleados, así como las administraciones públicas y entidades que gestionen fondos europeos, están obligadas a disponer de un canal de denuncias interno.
Este sistema debe permitir comunicar de forma segura irregularidades, fraudes o incumplimientos normativos dentro de la empresa. Además, debe garantizar la protección del informante frente a posibles represalias, según lo establecido por la Directiva (UE) 2019/1937.
Multas por incumplimiento del canal de denuncias interno
El incumplimiento de esta obligación puede ser sancionado como infracción muy grave, con multas de hasta 1.000.000 € para las personas jurídicas y hasta 300.000 € para los administradores o directivos responsables.
Además, la falta de un canal de denuncias adecuado puede derivar en responsabilidades penales o en la pérdida de acceso a contratos y ayudas públicas. Las autoridades ya han anunciado que en 2025 aumentarán las inspecciones en materia de cumplimiento normativo y compliance interno.
Cómo debe ser un canal de denuncias interno eficaz
Un canal de denuncias debe cumplir con una serie de requisitos técnicos y legales para ser válido:
- Permitir denuncias anónimas y confidenciales.
- Contar con un responsable de cumplimiento independiente.
- Garantizar la trazabilidad y registro de las comunicaciones.
- Establecer plazos de respuesta y mecanismos de seguimiento.
- Incluir una política de protección del informante y formación específica al personal.
Riesgos de no implantar un canal de denuncias interno
Las empresas que carecen de este sistema se exponen a:
- Sanciones económicas elevadas y pérdida de subvenciones.
- Daños reputacionales en caso de filtraciones públicas.
- Responsabilidad directa de la dirección por omisión de control.
- Posibles reclamaciones judiciales de trabajadores o clientes afectados.
La implantación del canal de denuncias como garantía legal
La implantación de un canal de denuncias interno ya no es una opción, sino una obligación legal que protege tanto a la empresa como a sus empleados.
Contar con un sistema eficaz de comunicación interna refuerza la transparencia, mejora la cultura ética corporativa y previene riesgos legales significativos.
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