El Tribunal Constitucional avala el valor de referencia catastral en la tributación inmobiliaria

El Tribunal Constitucional ha avalado recientemente la utilización del valor de referencia catastral como base imponible para la liquidación de determinados impuestos patrimoniales vinculados a la transmisión de inmuebles.

La sentencia, dictada por unanimidad, despeja las dudas sobre la constitucionalidad de este sistema de valoración introducido en 2022 y que afecta, entre otros, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La resolución trae causa de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga. El órgano judicial cuestionaba que la normativa reguladora del valor de referencia pudiera vulnerar el principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

En particular, se ponía en duda la legitimidad de un sistema de valoración objetivo y general, basado en estimaciones estadísticas elaboradas por la Dirección General del Catastro, al considerar que el legislador había renunciado a la individualización del valor real de cada inmueble en favor de fórmulas universales y abstractas que podían no reflejar adecuadamente las circunstancias concretas de cada operación.

El valor de referencia catastral, vigente desde enero de 2022, se configura como el parámetro que la Administración tributaria utiliza para determinar la base imponible en la transmisión de bienes inmuebles, con independencia del precio declarado en la operación.

Este sistema se apoya en los precios de compraventas formalizadas ante notario y pretende reflejar el valor de mercado de los inmuebles en cada momento, sin necesidad de comprobaciones individualizadas ni visitas periciales al inmueble. Su introducción respondió, entre otros objetivos, a la necesidad de reducir la litigiosidad, reforzar la seguridad jurídica y combatir prácticas de fraude fiscal derivadas de infravaloraciones sistemáticas.

No obstante, en la práctica, su aplicación ha generado controversias, especialmente en aquellos supuestos en los que el valor de referencia supera el precio real de adquisición o transmisión, incrementando la carga fiscal del contribuyente.

El Pleno del Tribunal Constitucional considera que el valor de referencia constituye un método indiciario de valoración que permite una adecuada medición de la riqueza gravada y que mantiene una razonable conexión entre el hecho imponible y la base imponible del impuesto.

Según el Alto Tribunal, no puede calificarse este sistema como arbitrario, ya que responde a una justificación objetiva y razonable, entre la que destaca la simplificación administrativa, la reducción de conflictos entre contribuyentes y Administraciones autonómicas, la mejora de la seguridad jurídica y la prevención del fraude fiscal.

Asimismo, el Tribunal subraya que no se trata de un sistema cerrado ni inaccesible para los obligados tributarios. En aquellos casos en los que el contribuyente considere que el valor de referencia se aparta del valor real o de mercado del inmueble, la normativa prevé la posibilidad de acreditar un valor distinto, sin limitación probatoria, permitiendo así la corrección de la base imponible cuando concurran circunstancias específicas que lo justifiquen.

Con esta resolución, el Tribunal Constitucional cierra la vía de impugnación abstracta del valor de referencia por vulneración del principio de capacidad económica, consolidando su utilización como criterio general de valoración en los impuestos patrimoniales.

No obstante, la sentencia confirma que sigue siendo posible discutir el valor aplicado caso por caso, lo que mantiene abierta la vía de defensa del contribuyente cuando existan elementos objetivos que acrediten una desviación significativa respecto del valor real del inmueble.