¿Cambian las reclamaciones tributarias en 2026? Claves de la nueva regulación electrónica desde el 15 de enero

Desde el 15 de enero de 2026, las reclamaciones económico-administrativas se tramitan conforme a una nueva regulación que obliga a las empresas y los profesionales a utilizar medios electrónicos. La norma introduce formularios normalizados, regula la presentación telemática de escritos y consolida las notificaciones electrónicas ante los tribunales económico-administrativos. Para las empresas, implica revisar certificados digitales, sistemas de notificación y el control de plazos para evitar incidencias formales.

El avance de la digitalización administrativa da un paso más en el ámbito tributario. A partir del 15 de enero de 2026, entra en vigor una nueva regulación específica sobre las actuaciones electrónicas en las reclamaciones económico-administrativas, que afecta directamente a empresas, despachos profesionales y representantes tributarios.

La norma sustituye el marco anterior, vigente desde 2009, y adapta los procedimientos a la realidad digital actual, alineándolos con la Ley 39/2015 y con la práctica ya habitual de relación electrónica con la Agencia Tributaria y los tribunales económico-administrativos.

La regulación se aprueba mediante la Orden HAC/1361/2025, publicada en el BOE, y resulta aplicable a todas las actuaciones realizadas ante los tribunales económico-administrativos a partir del 15 de enero de 2026.

Afecta, principalmente, a:

• Personas jurídicas.
• Entidades sin personalidad jurídica.
• Profesionales colegiados que actúan en representación.
• Asesores fiscales, abogados y economistas.

Para estos sujetos, la relación electrónica no es una opción, sino una obligación legal derivada del artículo 14 de la Ley 39/2015.

La principal novedad no es solo la digitalización, sino la regulación detallada y formalizada de cómo deben realizarse todas las actuaciones electrónicas en la vía económico-administrativa.

Las empresas y profesionales obligados a relacionarse electrónicamente deberán presentar por vía telemática:

• Reclamaciones económico-administrativas.
• Recursos de anulación y revisión.
• Alegaciones.
• Solicitudes de suspensión.
• Subsanaciones y contestaciones a requerimientos.

La presentación en papel, cuando exista obligación electrónica, puede dar lugar a requerimientos de subsanación y riesgos de pérdida de plazos.

La orden aprueba 16 formularios electrónicos oficiales, frente a los tres modelos existentes hasta ahora.

Estos formularios cubren prácticamente todas las actuaciones del procedimiento y constituyen el canal ordinario de relación con los tribunales económico-administrativos.

La normativa incorpora el uso de certificados electrónicos cualificados, del sistema Cl@ve, de códigos seguros de verificación y de sellos electrónicos.

En materia de representación, cobra especial importancia que los poderes estén debidamente inscritos y actualizados, ya que toda la tramitación se realizará de forma electrónica.

Las notificaciones se practican por medios electrónicos, con los efectos habituales respecto de la puesta a disposición, el acceso y el cómputo de plazos.

Esto exige a las empresas un control riguroso de los buzones electrónicos, ya que el desconocimiento o la falta de acceso no exime de los efectos legales de la notificación.

Desde un punto de vista práctico, la nueva regulación no introduce una mayor carga material, pero sí una mayor exigencia formal y organizativa.

Las principales implicaciones son:

• Mayor riesgo de errores formales si los formularios no se utilizan correctamente.
• Necesidad de revisar certificados digitales y apoderamientos.
• Incremento de la importancia del control interno de las notificaciones.
• Menor margen para subsanar fuera de plazo.

Para muchas empresas, el impacto no está en el fondo del asunto tributario, sino en la gestión adecuada del procedimiento.