Bizum, TPV y tarjetas: así cambiará el control tributario para los negocios en 2026

El Real Decreto 253/2025 introduce un sistema de comunicación mensual entre las entidades financieras y Hacienda. Hasta ahora, gran parte de esta información se enviaba una vez al año o únicamente cuando se superaban determinados umbrales. Con la reforma, la Agencia Tributaria recibirá datos sistemáticos y exhaustivos sobre prácticamente todos los movimientos digitales relevantes.

Las novedades más destacadas son:

• Información mensual obligatoria sobre cuentas de pago, cobros con tarjeta, pagos móviles y operaciones realizadas a través de plataformas digitales.

• Eliminación de umbrales mínimos: ya no será necesario superar importes como los 3.000 € para que una operación sea reportada.

• Mayor trazabilidad: Hacienda recibirá información detallada del comercio, del terminal, de la cuenta vinculada y de los importes de cada operación.

• Ampliación del ámbito subjetivo: las entidades extranjeras que presten servicios a residentes españoles también estarán obligadas a informar.

Aunque la obligación recae sobre los bancos y las entidades de pago, el impacto práctico afecta de lleno al día a día de las pequeñas empresas y los autónomos. La trazabilidad total de los cobros obliga a revisar procesos internos, especialmente en negocios que combinan pagos digitales con efectivo o que no integran correctamente sus sistemas de facturación.

Desde 2026, cualquier discrepancia entre lo declarado y lo que las entidades reportan podrá ser detectada automáticamente por Hacienda. Esto incluye:

• Cobros por Bizum para actividades profesionales no declaradas como ingresos.

• Ventas realizadas con TPV que no coincidan con la facturación presentada.

• Mezcla de cuentas personales y profesionales: un problema frecuente en los pequeños negocios.

• Operaciones repetitivas o de importe elevado que Hacienda pueda considerar indicios de actividad económica.

Para muchas pymes, este cambio implica ordenar y digitalizar su proceso de ventas, revisar la conciliación bancaria y, en algunos casos, modificar su estructura de cobros.

Aunque la norma entra en vigor el 1 de enero de 2026, sus efectos fiscales requieren anticipación. Se recomienda que pymes y autónomos tengan en cuenta lo siguiente:

• Identificar qué medios de cobro utilizan.
  Para conocer qué tipo de información reportarán las entidades financieras a Hacienda y cómo puede impactar en la tributación de la actividad.

• Evitar mezclar los ingresos de la actividad con cuentas personales.
  Especialmente en cobros mediante Bizum o apps de pago, ya que Hacienda tendrá trazabilidad completa y cualquier ingreso no declarado puede considerarse actividad económica.

• Asegurar que todos los cobros vinculados a la actividad estén declarados.
  La información mensual que recibirán la AEAT y las herramientas de cruce automático aumentarán las comprobaciones de incoherencias entre los ingresos reales y los declarados.

• Regularizar posibles situaciones previas antes de 2026.
  Si existen discrepancias entre los cobros digitales y las declaraciones anteriores, es preferible ordenarlas antes de que empiece el nuevo régimen informativo.

• Consultar las implicaciones fiscales de operar con entidades extranjeras o con plataformas internacionales.
  Hacienda también recibirá información de estas entidades cuando trabajen con residentes en España, lo que puede afectar la tributación de negocios digitales o de actividad transfronteriza.

Esta reforma no solo busca combatir la economía sumergida, sino también homogeneizar la información financiera en un entorno donde los pagos digitales están completamente integrados en la actividad empresarial.

Para pymes y autónomos, supone un desafío organizativo, pero también una oportunidad para mejorar sus procesos internos, evitar riesgos fiscales y contar con sistemas más eficientes y transparentes.