Derecho a la desconexión digital: sanciones a empresas por incumplimiento

El derecho a la desconexión digital se introdujo en España con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, y se ha reforzado con la normativa laboral y de prevención de riesgos psicosociales. Esta obligación afecta a todas las empresas, independientemente de su tamaño, y exige medidas concretas para evitar que los empleados trabajen o reciban comunicaciones profesionales fuera de su jornada.

El incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones conforme a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS):

• Infracciones leves: por no informar adecuadamente del derecho a la desconexión. Multas entre 70 y 750 euros.
• Infracciones graves: por no establecer protocolos internos ni garantizar el derecho a la conciliación. Multas entre 751 y 7.500 euros.
• Infracciones muy graves: si se acredita un daño para la salud del trabajador o una vulneración sistemática del derecho. Multas entre 7.501 y 225.018 euros.

Además, el incumplimiento puede derivar en reclamaciones por daños morales, incrementando el coste económico y el riesgo reputacional.

El derecho a la desconexión digital ya está siendo objeto de resoluciones judiciales y sanciones en España. Algunos ejemplos recientes son:

• Indemnización de 300 € en Galicia: el Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconoció daños morales a un trabajador que siguió recibiendo correos fuera de su horario laboral, pese a haber solicitado expresamente la desconexión.
• Condena de 1.500 €: otra sentencia del mismo tribunal obligó a una empresa a indemnizar a una trabajadora en incapacidad temporal porque continuaba recibiendo comunicaciones profesionales, vulnerando su derecho a la desconexión.
• Multa de 70.000 € de la AEPD: una empresa fue sancionada por incluir a una trabajadora en grupos de WhatsApp corporativos durante sus vacaciones y exigirle el uso de su móvil personal para asuntos laborales.
• Inspección de Trabajo: ya se han tramitado procedimientos con sanciones de hasta 7.500 € a compañías que contactan a empleados en vacaciones o fuera del horario establecido, incumpliendo la normativa laboral.

Estos casos evidencian que la falta de protocolos claros y el abuso de las comunicaciones fuera de jornada pueden generar consecuencias económicas y reputacionales muy graves para las empresas.

El papel de los departamentos de RR. HH. y Jurídico es clave para evitar conflictos. Ambos deben coordinarse para:

• Redactar un protocolo de desconexión digital que defina claramente cómo se garantiza el derecho.
• Incluir este documento en el plan de igualdad, convenio o manual interno de la empresa.
• Comunicarlo a toda la plantilla y asegurarse de su aplicación práctica.
• Revisar periódicamente su eficacia y adaptarlo a nuevas circunstancias (teletrabajo, flexibilidad horaria, equipos internacionales).

Para minimizar riesgos, las empresas deberían:

• Implantar un protocolo específico de desconexión digital adaptado a su sector y tamaño.
• Formar a directivos y empleados en buenas prácticas de comunicación interna.
• Integrar el derecho a la desconexión en contratos de trabajo, manuales corporativos y planes de igualdad.
• Auditar periódicamente el cumplimiento para prevenir sanciones y demostrar diligencia ante una inspección.