El reciente Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, introduce una nueva prórroga al régimen excepcional de suspensión de la causa de disolución de sociedades por pérdidas graves, ampliando su vigencia hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026.
Esta medida, conocida como “moratoria societaria“, se enmarca en un conjunto de disposiciones adoptadas para mitigar los efectos de las crisis económicas recientes.
A continuación, se analizan los principales aspectos de esta normativa y sus implicaciones para las sociedades mercantiles.
Principales aspectos
La “moratoria societaria” permite que las sociedades mercantiles cuyo patrimonio neto se haya reducido por debajo de la mitad del capital social no estén obligadas a disolverse ni a tomar medidas inmediatas para reestablecer el equilibrio patrimonial. Este alivio temporal tiene como objetivo evitar la liquidación de empresas que, aunque atraviesan dificultades económicas, tienen perspectivas de recuperación a mediano plazo.
El Real Decreto-ley 9/2024 establece que la prórroga será aplicable a los ejercicios sociales que se inicien desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante este periodo, las sociedades podrán centrarse en fortalecer su situación financiera sin el riesgo inminente de disolución, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y contables.
No obstante, es importante destacar que esta prórroga no exime a las empresas de su responsabilidad de adoptar medidas correctivas. Las sociedades deben aprovechar este plazo para reestructurarse y garantizar su viabilidad a largo plazo. Asimismo, los administradores tienen el deber de actuar con diligencia y de velar por los intereses de la sociedad y de sus acreedores, evitando situaciones que puedan agravar la insolvencia.
¿Es realmente una protección del tejido empresarial?
Desde una perspectiva económica, esta medida busca preservar el tejido empresarial y proteger el empleo en un contexto de incertidumbre global.
Sin embargo, también genera debate sobre sus posibles efectos negativos, como el riesgo de perpetuar la existencia de empresas inviables o “zombis,” que pueden distorsionar la competencia y frenar el crecimiento económico.
Una prórroga clave para la estabilidad empresarial
La prórroga de la suspensión de la causa de disolución de sociedad por pérdidas constituye una herramienta relevante para enfrentar los desafíos económicos actuales.
Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de las empresas para aprovechar este tiempo y llevar a cabo las reformas necesarias para su sostenibilidad. Las autoridades también deberán supervisar de cerca el impacto de esta medida y ajustar sus políticas según las circunstancias.
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